Blog de Derecho InmobiliarioTodasCompra de inmuebles en España

14 de septiembre de 2015

Información para comprar un inmueble en España

 

Las medidas de fomento de la inversión extranjera en España, establecidas en la Ley de Apoyo a los Emprendedores, no han producido el esperado efecto llamada de ciudadanos extracomunitarios.

Las razones de que las expectativas no se hayan cumplido radican, principalmente, en que varios países de nuestro entorno, como Portugal, Grecia, Malta, entre otros, han promulgado normas que persiguen la misma finalidad con criterios más flexibles y menos trabas burocráticas.

Sin embargo, la caída de los precios de los inmuebles, ha permitido un paulatino aumento de las compras por extranjeros, atraídos no tanto por las ventajas otorgadas por la Ley como por el clima, la gastronomía y el estilo de vida de nuestro país.

 

Gastos e impuestos al adquirir una vivienda en España

Si usted se está planteando adquirir una vivienda en España, debe saber que, además del precio de compra, deberá satisfacer unos gastos e impuestos por la compra o inversión de cualquier inmueble. Los primeros son los derivados de la intervención del Notario y de la inscripción en el Registro de la Propiedad.

En cuanto a los impuestos, varían según el piso sea nuevo o de segunda mano. El impuesto que grava la compra de una vivienda nueva es el IVA, al 0%. Si la vivienda es de 2ª mano, tendrá que abonar el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, cuyo tipo aplicable varía de una comunidad autónoma a otra, entre el 5 y el 10%.

Es altamente recomendable que, si decide comprar una vivienda en España, busque el asesoramiento de abogados especialistas en la materia para asegurarse de que no pesa sobre el inmueble ninguna carga que disminuya si valor o limite el derecho de propiedad, que su situación urbanística no le impide modificarla o transmitirla en el futuro y de que no se verá afectado por obligaciones o responsabilidades contraídas por el anterior propietario.

Su asesor legal también le garantiza la correcta liquidación de los impuestos que derivan de la operación, evitando futuras reclamaciones por parte de Hacienda.